Durante décadas, Panamá ha sido reconocido por su sistema tributario territorial, un modelo que permitió que ciertas rentas de fuente extranjera permanecieran fuera del ámbito de imposición local.

Sin embargo, el entorno fiscal internacional cambió. La transparencia, el intercambio de información y las iniciativas contra la erosión de bases imponibles han llevado a distintos países a fortalecer sus reglas de cumplimiento, especialmente cuando existen estructuras corporativas con presencia internacional.

Con la publicación de la Ley 526 de Panamá, el país fortalece sus reglas de sustancia económica y establece nuevos requisitos para entidades que formen parte de grupos multinacionales y que obtengan determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La reforma entrará plenamente en vigor a partir del ejercicio fiscal 2027 y representa uno de los cambios más relevantes para estructuras corporativas con operaciones, vehículos de inversión o entidades de tenencia en Panamá.