Las reglas de precios de transferencia en Paraguay buscan que las operaciones entre partes relacionadas se valoren como si se hubieran pactado entre empresas independientes. Para 2026, el análisis debe partir de la sustancia económica de cada transacción y no limitarse al cumplimiento de un formulario.
Esta versión conserva la estructura estándar utilizada para México y amplía cada tema cuando aporta valor al lector. El tono es técnico, claro y preventivo; se eliminan afirmaciones promocionales no verificables y se distinguen obligaciones sustantivas, documentales e informativas.
Importante: una presentación realizada durante 2026 puede corresponder al ejercicio 2025. Cuando el calendario para reportar operaciones de 2026 será publicado en 2027, se indica de forma expresa para evitar una falsa fecha límite.
Las normas especiales de valoración están en los artículos 35 a 39 de la Ley 6380/2019, reglamentados principalmente por el Decreto 4644/2020 y las Resoluciones Generales 96/2021, 108/2021, 115/2022 y sus modificaciones.
La jerarquía normativa debe citarse desde la ley hacia el reglamento y las resoluciones operativas. Las guías OCDE solo funcionan como referencia técnica cuando la norma local las incorpora o admite.
Para 2026 conviene revisar reformas y resoluciones publicadas después del cierre antes de presentar cualquier obligación. La versión web debe indicar fecha de corte y enlazar fuentes oficiales.
Existe vinculación cuando una persona participa en más del 50 % del capital o derechos de voto, o ejerce control; también operan presunciones para jurisdicciones BONT, zonas francas y maquila.
La relación no depende únicamente de la propiedad accionaria: control efectivo, administración, dependencia económica y estructuras indirectas pueden activar el régimen. El análisis debe cubrir también establecimientos permanentes y jurisdicciones de riesgo.
La acción recomendada es mantener un mapa anual del grupo y una matriz de vinculación por contraparte. Debe conciliarse con beneficiarios finales, contratos, contabilidad y declaraciones.
La autoridad vigente es la DNIT, no la antigua SET. El sistema Marangatu recibe la declaración informativa del ETPT y exige ratificación por un Profesional Autorizado de Precios de Transferencia (PAPT).
La selección de casos se apoya cada vez más en cruces electrónicos. Diferencias entre declaración anual, aduanas, anexos, estados financieros y estudio son señales de riesgo aunque el margen final parezca razonable.
En 2026 es recomendable ejecutar una conciliación previa y conservar evidencia de búsquedas, ajustes, contratos y aprobación interna. El contenido web debe describir tendencias comprobables sin atribuir auditorías no publicadas.
La presentación tardía, la falta de ratificación o la omisión de información se sancionan conforme a la Ley 125/1991 y la RG 115/2022; un ajuste también incrementa la base del IRE, con mora y accesorios.
Las sanciones formales no sustituyen el riesgo sustantivo: la autoridad puede ajustar la base, rechazar deducciones y exigir impuesto, intereses y recargos. Las reducciones dependen de corrección, oportunidad y norma local.
Antes de publicar una cifra se debe comprobar su vigencia y unidad de cálculo. Para un caso real, la multa debe calcularse con hechos, periodo y conducta; esta guía no reemplaza esa determinación.
Los sujetos obligados presentan la DJI–Estudio Técnico de Precios de Transferencia en Marangatu, con movimiento o sin movimiento. La obligación incluye ratificación del PAPT cuando corresponde.
La ruta práctica comienza con inventario de contrapartes y operaciones; continúa con alcance, análisis funcional, selección de método, comparables, ajustes y conciliación; y termina con declaraciones, firmas y archivo.
Para el ejercicio 2026 conviene cerrar el diagnóstico antes del último trimestre, corregir políticas cuando aún sea posible y programar entregables de 2027. Cada responsable y fuente de datos debe quedar identificado.
Los sujetos obligados presentan la DJI–Estudio Técnico de Precios de Transferencia en Marangatu, con movimiento o sin movimiento. La obligación incluye ratificación del PAPT cuando corresponde.
La declaración resume operaciones y permite a la autoridad seleccionar riesgos; no reemplaza el estudio. Cifras, métodos, partes y ajustes deben coincidir exactamente con renta y documentación.
Los vencimientos que ocurren durante 2026 suelen corresponder al ejercicio 2025. Las operaciones del ejercicio 2026 normalmente se reportan en 2027; cuando el calendario aún no existe, el texto debe decirlo expresamente.
El ETPT debe identificar grupo, partes, operaciones, funciones, activos, riesgos, método, comparables y resultados. Debe elaborarlo un PAPT habilitado, sin trasladar al profesional la responsabilidad tributaria del contribuyente.
Un expediente defendible incluye contratos, facturas, políticas, segmentación, estados financieros, análisis funcional, selección y rechazo de comparables, ajustes y conclusiones por operación.
La documentación debe ser contemporánea: reconstruirla durante una auditoría aumenta costos y debilita la evidencia. Es útil separar archivo permanente, archivo anual y papeles de trabajo reproducibles.
Los libros y documentos se conservan durante el plazo de prescripción de cinco años previsto por la Ley 125/1991, ampliándolo si una fiscalización o recurso continúa abierto.
El plazo mínimo no debe confundirse con una orden de destrucción. Interrupciones de prescripción, pérdidas, reorganizaciones, recursos o auditorías pueden prolongar la necesidad de conservar documentos.
La política 2026 debe asignar custodio, formato, respaldo, control de acceso y trazabilidad. También debe asegurar que bases de datos y archivos de comparables puedan reproducirse años después.
El ETPT y sus anexos se presentan en español; documentos extranjeros relevantes deben traducirse cuando la DNIT lo requiera.
Conservar versiones originales evita pérdida de significado contractual o técnico. La traducción debe permitir rastrear cada cifra, término y anexo hasta la fuente.
Cuando el volumen sea alto, conviene priorizar contratos, estados financieros, acuerdos de servicios e intangibles y preparar un glosario uniforme para todas las entidades del grupo.
No hay exención por categoría pyme. El umbral general atiende a ingresos brutos del ejercicio anterior superiores a G. 10.000 millones, pero las operaciones BONT, con usuarios de zonas francas o maquiladoras pueden quedar alcanzadas sin ese umbral.
Los umbrales suelen limitar declaraciones o estudios, pero rara vez eliminan el principio de plena competencia. Tampoco suelen proteger operaciones con jurisdicciones de riesgo o estructuras especiales.
Una pyme debe documentar al menos relación, contrato, precio, criterio económico y soporte. Si se aproxima al umbral, es prudente preparar un estudio escalable y monitorear tipo de cambio y unidades tributarias.
Cierres al 31 de diciembre presentan en julio; cierres al 30 de abril, en noviembre; y cierres al 30 de junio, en enero, conforme al calendario y terminación del RUC aplicables.
Preparar no equivale a presentar. El estudio puede necesitar estar disponible antes de la declaración aunque solo se envíe por requerimiento; los reportes BEPS pueden tener calendarios diferentes.
La agenda debe distinguir: cierre 2026, declaración anual, informativa, estudio, Reporte Maestro y CbC. Se recomienda confirmar días inhábiles, último dígito y prórrogas en el portal oficial.
Los seis métodos tradicionales y el método de valoración de bienes con cotización internacional previsto por la Ley 6380 y su reglamentación.
No existe un método preferido para todas las operaciones. La selección depende de características, funciones, activos, riesgos, contratos, información fiable y grado de comparabilidad.
El estudio debe explicar por qué el método elegido es el más apropiado y por qué se descartaron alternativas. Servicios, financiamientos, intangibles y commodities requieren análisis separado.
Se admiten comparables internos y externos; la selección debe justificar diferencias de mercado, contabilidad y riesgos y documentar los ajustes.
Los comparables internos suelen ofrecer mayor cercanía, pero solo si son realmente independientes y comparables. Las bases externas requieren estrategia de búsqueda reproducible y revisión financiera.
Para 2026 deben evaluarse años afectados por inflación, tipo de cambio y disrupciones de mercado. Los ajustes no pueden ser automáticos: cada uno necesita fundamento y cálculo verificable.
Paraguay no ha implantado de forma general el paquete completo de Acción 13. El ETPT local sí adopta análisis compatibles con plena competencia y estándares técnicos internacionales.
La Acción 13 distingue Reporte Local, Reporte Maestro y País por País. Que un país participe en el Marco Inclusivo no significa que todas las empresas deban presentar los tres reportes.
La página debe identificar norma doméstica, sujeto, umbral y plazo de cada reporte. También conviene explicar notificaciones y mecanismos de intercambio sin revelar información confidencial.
Todo contribuyente que realice operaciones con partes relacionadas o con sujetos en jurisdicciones especialmente reguladas debe revisar el alcance, aun cuando un umbral pueda excluir una declaración concreta.
No. La declaración informa datos; el estudio y sus papeles de trabajo demuestran por qué los precios o márgenes cumplen plena competencia.
Con frecuencia cubren operaciones del ejercicio 2025. Las operaciones realizadas durante 2026 suelen declararse en 2027 conforme al calendario que emita la autoridad.
Generalmente sí, si son fiables y se explican las diferencias de mercado, contabilidad, funciones y riesgos, además de los ajustes practicados.
No necesariamente. Los umbrales suelen aliviar declaraciones o documentación extensa, pero no siempre eliminan el deber de valorar a mercado.
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